Cuando un peaje desmorona la ilusión democrática
A lo que ha sucedido en los últimos días en el distrito limeño de Puente Piedra, debemos darle la mayor importancia. En pocos días, han quedado en evidencia diversas falencias, generalmente negadas, de nuestra exangüe, o acaso ilusoria, democracia. Las protestas contra el peaje construido por la empresa Odebrecht en la Panamericana norte, han dado lugar a una coyuntura privilegiada para apreciar, con excepcional claridad, quiénes logran sus intereses en el Perú y de qué manera lo hacen. Hay cuatro elementos fundamentales que saltan a la luz. Veamos.
Todo se compra, todo se vende
Como todos sabemos, la construcción de peajes es un mecanismo bastante utilizado para asegurar que empresas privadas que realizan obras de interés público, en el marco de contratos con el Estado, puedan obtener un retorno económico.
Es muy sencillo. El Estado, por ejemplo, quiere construir una carretera. Concesiona la construcción y el mantenimiento a una empresa, en algunos casos dándole un respaldo financiero que haga atractiva la inversión. La empresa recupera el dinero inicial y obtiene ganancias mediante el cobro de un monto determinado por el derecho a transitar por la vía concesionada.
Si bien, formalmente, se trata de un mecanismo por el cual el Estado, dadas sus (supuestas) limitaciones económicas y operativas, realiza obras públicas con cierta rapidez, en un esquema conocido como Asociación Público Privada (APP), en el fondo estamos frente a un mecanismo de privatización progresiva.
Se trata de una modalidad de promoción de la inversión privada en funciones públicas.
El Estado deja de cumplir su rol y lo entrega al privado. El servicio, otrora público, está supeditado ahora al lucro, y el acceso a ese servicio quedará restringido a quienes puedan pagar por él.
En el caso del peaje se atropella el derecho al libre tránsito, reconocido por la Constitución Política. Pero para la obsesión privatista, que prima en el país desde los noventa, para ese saqueo sistemático camuflado como gestión moderna, eso no importa (sino veamos el rentable negocio de la salud, que también es un derecho constitucional).
El peaje en Puente Piedra es un caso especialmente escandaloso. Compromete el tránsito cotidiano de miles de limeños que, al no contar con vías alternas, se ven obligados a pagar cinco soles de ida y cinco de vuelta, para poder salir y retornar a sus domicilios. Las familias de Lima Norte deben gastar más todos los días para que los accionistas de algún consorcio privado obtengan ganancias.
El negocio por encima de nuestros derechos. Bienvenidos a la democracia peruana.
La corrupción y el neoliberalismo, hermanos siameses
La instalación del neoliberalismo en el Perú ha venido acompañada de un relato sobre cómo era el país antes de los años noventa. Una historia llena de omisiones y medias verdades. De Soto, De Althaus, Ghersi y otros feligreses del libre mercado, por ejemplo, suelen decir que la economía peruana, antes de las reformas estructurales de Fujimori, estaba sumida en lo que llamaban “mercantilismo”.
Según ellos, en la lógica mercantilista la fuerza del sector público obligaba al empresario a transar con el gobierno de turno para hacer negocios y lograr su protección. Eso reducía la competencia, traía grandes ineficiencias en el mercado, extendía la corrupción y los consumidores pagábamos las consecuencias. Ahí estaba el primer gobierno de García para atestiguarlo.
Pero lo que ocultan es que la progresiva privatización del Estado y el enorme poder que ha adquirido el sector privado en relación al público, al punto de esculpirlo a su medida, han traído consigo prácticas corruptas a gran escala.
No solo se ha convertido al Estado en un agente de negocios, sino que los recursos públicos han resultado un millonario botín disputado con ansias.
¿Quién gana en esa disputa? Pues quien tenga más conexiones con el poder político.
¡Mercantilismo! No. Es neoliberalismo.
Y así vemos el desfile de coimas, de discretos lobistas (uno de ellos está ahora en Palacio), de apoyos económicos “desinteresados” en campañas electorales (y siempre apostando a ganador), de funcionarios que pasan de la empresa al Estado y del Estado a la empresa, como quien va de la sala a la cocina (la “puerta giratoria”), y un largo etcétera.
Es eso, justamente, lo que viene quedando al descubierto con la información que están dando los funcionarios de Odebrecht en el proceso que siguen en Brasil.
Precisamente Odebrecht, que está presente en el Perú desde 1979 y que ha tenido a su cargo millonarias obras de infraestructura en los últimos gobiernos, es uno de las accionistas más importantes en el Consorcio Rutas de Lima S.A.C., a cargo del peaje en Puente Piedra.
Dadas sus prácticas corruptas, es no menos que sospechoso que, a pesar de que el contrato con la Municipalidad de Lima exige que las obras que se comprometió a realizar la empresa estén culminadas antes de poner nuevos peajes, la actual gestión de Castañeda haya permitido que tal restricción se pase por alto.
Con la excusa del libre mercado, vemos, pues, cómo el Estado peruano ha venido siendo capturado por la gran empresa. Nuestra democracia se ha ido reduciendo a una “democracia empresarial”, asociación de términos tan contradictoria como “República Aristocrática”, ese juego de palabras con el que Basadre describió al Perú oligárquico de inicios del siglo XX, cuando bajo la fachada republicana y democrática, un puñado de familias era dueña de tierras y de hombres.
Carlos Basombrío y Lenin
Volvamos a las protestas contra el peaje. Todos hemos visto cómo la Policía Nacional del Perú ha tenido una respuesta desmesurada contra las manifestaciones. No importa ya si la gente tiró una piedra primero o si la policía comenzó con una bomba lacrimógena. Al margen de ello, lo que vemos es una policía que actúa como fuerza de ocupación.
Ha sido tal el abuso de autoridad, que —incluso frente a cámaras—, han detenido gente sin mayor motivo. Del mismo modo, todos pudimos ver cómo la policía no se contentó con dispersar a los manifestantes, sino que los persiguió hasta sus casas, lanzando gases dentro de las viviendas. Los heridos por perdigones se cuentan por decenas. Algunos corren el riesgo de perder alguno de sus ojos. Hubo más de 50 detenidos y se trató de privar de libertad por tres meses a un grupo de ellos, por presión política directa del ministro. ¿Esa es la policía que defiende a la gente?
Hay dos cosas que destacan aquí y que también están presentes en la mayoría de conflictos sociales de los últimos años. Primero, el uso de la violencia por parte de la PNP es cada vez mayor y los abusos quedan en la impunidad. Segundo, la fuerza se utiliza para resguardar intereses empresariales.
Lenin, el viejo revolucionario ruso, decía que el Estado es un aparato especializado en el uso de la violencia al servicio de la clase dominante. Los hechos recientes parecen confirmarlo. Carlos Basombrío parece estar empeñado en confirmarlo.
La autocracia de los medios de comunicación
Finalmente, están los medios de comunicación, una pieza clave en el esquema actual de dominación social.
Su rol consiste en controlar la información disponible, esculpir la opinión de los sectores que no cuentan con otras fuentes de información alternativas y, dada su capacidad de desestabilizar al poder político, ser un canal para poner intereses específicos en agenda, como prioridad pública.
Dado que los medios de comunicación son controlados por empresas privadas, la lógica de lucro abre las puertas a la cooptación de su línea editorial. Amparados en la libertad de expresión y en la ausencia de mecanismos eficientes de regulación, ponen sus periódicos, programas televisivos y transmisiones radiales al servicio de quien pague por ellos.
El dinero viene desde la publicidad. El afluente mayor tiene su origen en la gran empresa, pero también en el Estado. (Claro, me refiero a pagos legales. Después de los vladivideos todos sabemos que bajo la mesa también se definen muchas cosas).
Si a lo anterior sumamos que son pocos los propietarios de medios de comunicación y que es alta la participación de mercado de uno de ellos (Grupo El Comercio), tenemos entonces a un poder de facto sumamente poderoso, con capacidad de coordinar sus acciones e imponerse en el terreno político casi sin ningún control. Como en una autocracia, solo se deben a ellos mismos.
Entonces no sorprende que, a pesar de existir información que demuestra que Castañeda ha estado favoreciendo a la empresa Rutas de Lima y que su acusación a Villarán no es más que una inaceptable "lavada de manos", la mayoría de canales y periódicos guarde silencio.
El gasto de la Municipalidad de Lima en publicidad es grande y se denuncia que existen arreglos específicos con algunos periodistas.
Tampoco es cosa nueva el sesgo fascista con que cubrieron las protestas en Puente Piedra: los que reclaman son “revoltosos”, la policía debe imponer el orden, la prioridad es que el peaje esté intacto (y no la gente, herida por perdigones o bombas disparadas al cuerpo), solo importa la integridad de los policías, etc.
Es Puente Piedra ahora, pero ha sido la misma historia con Conga, con Tía María y con diversos casos de conflictos sociales.
La democracia que todavía debemos conquistar
Nuestra democracia echa agua por todos lados. O estás con los dueños del Perú, o te pasan por encima. Estado capturado por el sector privado. Empresariado con prácticas delincuenciales a gran escala. Policía abusiva al servicio de los más poderosos e ineficiente con la delincuencia. Medios de comunicación que defienden e imponen los intereses de quienes los financian.
¿Hasta cuándo? Nada nos debe hacer pensar en que el abuso y la prepotencia cederán de pronto. La desaceleración económica y el copamiento público de la derecha política pueden agravar el escenario, pues al crecer menos la torta del PBI, cada tajada será defendida con mayor ímpetu.
Somos los ciudadanos los que debemos recuperar nuestro país, nuestra ciudad, nuestro Estado. Hay una democracia que todavía debemos conquistar. Y como toda conquista popular, ésta no vendrá de un gobierno o de un caudillo, sino de nuestro propio esfuerzo colectivo, de nuestra capacidad de indignación, movilización y organización. Justamente así, como en las protestas recientes. Con decisión, sin miedo. Manos a la obra.