El incendio del centro comercial “Las Malvinas” en la ciudad Lima, ha conmocionado al país entero. Todos vimos por televisión cómo un trabajador pedía auxilio agitando un brazo por fuera de una estrecha rendija. Él y otra persona más se encontraban atrapados en un “container” metálico (como los que usan los camiones para llevar carga), instalado de forma ilegal. Ahí laboraban por veinticinco soles diarios. 

Su empleador los había encerrado con candado porque, según señalaron algunos comerciantes, temía que pudieran robarle parte de los focos fluorescentes que falsificaba. Murieron calcinados dentro de aquel horno de fierro y frente a los ojos y la impotencia de los bomberos y de todos nosotros. Ya era imposible rescatarlos. Se trata de dos jóvenes de 20 y 21 años de edad. Uno deja huérfana a una niña con pocos días de nacida. 

Claramente, estas muertes no fueron accidentales. El responsable no fue el azar. Pudieron haber escapado pero estaban encerrados. ¿Quién los mató? 

Por supuesto, esas condiciones de semi-esclavitud tienen como responsable directo al empleador, que ya ha sido identificado y al que debe caerle todo el peso de la ley. Pero lo más alarmante es que la realidad de esos trabajadores no es excepcional. Una gran cantidad de personas en el Perú laboran en condiciones precarias y con derechos permanentemente vulnerados.  

Desde las mediciones oficiales, este tipo de empleo es considerado “informal” y, de acuerdo al INEI, la informalidad laboral abarca a casi 8 de cada 10 trabajadores (74,3% el año 2012, para ser más precisos) . Se trata de un dato duro, persistente. A pesar del crecimiento económico, la informalidad se ha mantenido. En los noventa, ascendía a 76% (Morales y otros, 2010).

Ante esos datos, el clamor general ha sido por tomar decisiones contundentes para enfrentar la informalidad. De hecho, los grandes empresarios nacionales y varios periodistas que los representan (basta escuchar RPP en las mañanas y al mediodía), han aprovechado para poner en la agenda pública la necesidad de hacer más “flexible” el mercado laboral. Abaratar la formalización, hacerla menos difícil. Hasta el FMI ha salido a repetir esa receta en estos días. Enfrentar la precariedad laboral precarizando el empleo sería la única salida. Mejor tener pocos derechos que ninguno.

¿Pero la informalidad es la culpable? ¿Qué entender por informalidad? ¿Verdaderamente este fenómeno es el responsable de las condiciones precarias de trabajo de los obreros que murieron en el incendio? ¿Flexibilizar la formalidad es la única alternativa? Veamos.

La informalidad: un concepto poco útil y basado en falsedades

Para comenzar, la informalidad es un concepto que tiene poca o ninguna utilidad en términos analíticos. En sentido estricto, no es más que una forma de dar cuenta de la ausencia de formalidad. Lo que no es formal es informal. Nada más.

Quizá su único valor como concepto radica en la adopción de éste por parte del INEI, que genera datos actualizados, donde define como informalidad laboral a las situaciones en que los trabajadores se desempeñan en condiciones que no cumplen con requisitos mínimos como contar con contrato, ganar por encima del sueldo mínimo, etc. (Más información aquí).

Uno de los autores que más ha posicionado su lectura sobre la informalidad es Hernando De Soto, indudable ideólogo del fujimorismo (y del neoliberalismo en América Latina). La tesis de De Soto es sencilla y persuasiva. La informalidad sería producto de una institucionalidad que no permite que la economía popular, en un contexto de fuertes migraciones del campo a la ciudad, se desarrolle. 

Es muy caro formalizarse y toma mucho tiempo. En un esquema costo-beneficio, ser formal resulta demasiado costoso para un emprendedor que tiene poco margen de ganancia. El Estado sería para él una traba.

La salida, por tanto, consistiría en simplificar el proceso. Abaratarlo. También habría que  apoyarlo en la obtención de títulos de propiedad para sus activos, que le permitan entrar al sistema financiero. A la par, para promover la inversión privada -con su consecuente efecto esperado de dinamizar la economía y generar puestos de empleo- será necesario flexibilizar el mercado de trabajo. Si la contratación y el despedido presentan costos de transacción muy altos, no se invertirá o se optará por la informalidad. El derecho laboral es un “costo de transacción” a reducir.

Con este discurso, el gran empresariado peruano ha contado con un argumento muy efectivo para recortar derechos laborales en las últimas dos décadas y media a nombre del apoyo a las mypes, a los emprendedores, a la economía popular, etc. 

Pero el concepto de informalidad que subyace al planteamiento de De Soto (y que es el que generalmente usamos), adolece de tres grandes problemas. 

El primero es su carácter meramente residual. No se ve la economía real. En la informalidad podría entrar todo lo no formal. No queda claro cuándo la informalidad es aquella del emprendedor idealizado por De Soto y cuándo se trata de explotación abusiva. 

Tampoco queda claro, en la misma línea, cuándo no es informalidad sino ilegalidad; es decir, siguiendo a Francisco Durand, cuándo las actividades apuntan a una transgresión directa de la legalidad: contrabando, narcotráfico, trata, etc. 

Aquello se asocia con una segunda limitación. El concepto de informalidad nos lleva a pensar en una economía dividida en dos sectores. El formal y el informal. O hasta en tres, incluyendo la ilegalidad. Es como si se tratara de economías distintas, con fronteras claras. 

Pero la economía real es una sola. Desde las relaciones económicas realmente existentes se llevan a cabo procesos de trabajo que dan lugar a productos (bienes y servicios) que son comercializados y consumidos en un flujo permanente que es coherente, que funciona.

Como lo demuestra el antropólogo Marcos López en una reciente investigación, si se observa la cadena de producción de una mercancía concreta -como un polo elaborado en Gamarra- uno puede observar cómo el mismo producto entra y sale de la formalidad una y otra vez. Sucede igual con la ilegalidad. El dinero ilegal se lava en la economía legal y alimenta el sistema financiero. 

Esas divisiones son, pues, ficciones producto o de malos marcos analíticos o de una abierta propaganda ideológica; en este caso, propaganda orientada a justificar una política de desregulación económica agresiva, de sello neoliberal.

La tercera limitación, finalmente, es que considerar la informalidad como producto de las características de la institucionalidad, vista como compleja y costosa, lleva a asumir: i) que las empresas informales querrán siempre formalizarse y que no lo hacen porque les resulta muy caro, ii) que las empresas formales no tenderán a bajar sus estándares de formalidad junto con la reducción de las exigencias legales y iii) que no es necesaria la fiscalización estatal, pues el problema solo consiste en costos y trabas burocráticas. 

¿Hay alguna evidencia de que esto es realmente así? Ninguna.

La realidad muestra todo lo contrario. El dato duro es que el 18% de la informalidad laboral se da en empresas que son formales y que, incluso, muchas de ellas son grandes empresas (INEI, 2014). 

Asimismo, en más de una ocasión, la gran empresa crea personerías jurídicas de empresas pequeñas para aprovechar el régimen especial Mype o hasta funda empresas abiertamente informales, que les permiten abaratar costos productivos.

Los problemas de fondo que no se quieren ver a pesar de la amplia evidencia

Eso que llamamos “informalidad” y que es persistente en nuestra economía, expresa problemas de fondo que poco tienen que ver con una institucionalidad costosa o con una “economía informal” con lógica propia, distinta a la formal. 

Los datos sobre informalidad solo expresan, aunque desde un concepto que ya vimos que es erróneo e impreciso, las características estructurales de nuestra economía y de la mayoría de economías de América Latina.

Destaquemos dos rasgos económicos fundamentales. El primero, en términos de la CEPAL, es la heterogeneidad productiva. Los sectores económicos que concentran los mayores niveles de inversión y tecnología, que son los más productivos, por donde pasa, fundamentalmente, el crecimiento del PBI, tienen una capacidad ínfima de generación de empleo. 

En el caso peruano, de acuerdo a las Tablas Insumo-Producto del año 2007 y la ENAHO 2015 (INEI), estos sectores son minería, hidrocarburos, electricidad y agua y finanzas. Juntos solo emplean a 2,4% de los trabajadores.

El grueso de los trabajadores (81,5%) se desempeña en actividades de baja productividad, donde predominan el autoempleo y las microempresas. Esas actividades, en el ámbito urbano, se agrupan en el sector servicios. 

Vendedores de gaseosas en los paraderos. Bodegas familiares que operan en la ventana de la casa. Venta de desayuno en las esquinas. Puestos de fotocopias. Venta de golosinas y cigarrillos de madrugada. Comercio ambulatorio. Taxis, colectivos, custers.

Los niveles de productividad son bajísimos. Es casi una zona de refugio, de supervivencia. Se brinda servicios con lo ya producido y con escasa o nula innovación tecnológica. Aquí (servicios de baja productividad) se concentra el 55,9% del trabajo y la abrumadora mayoría de microempresas. 

Otro 25% de trabajadores se ubica en actividades agropecuarias, la mayoría de las veces de autoconsumo y con niveles mínimos de ingreso. Pobreza y precariedad en la ciudad y en el campo, esa es la realidad de la enorme mayoría del Perú.

Con todo y ello, quizá las actividades con la mayor productividad se encadenen con las de productividad menor, ayudándolas a crecer, aunque sea de forma indirecta. ¿Qué dice la evidencia? 

Los encadenamientos, de acuerdo a un reciente estudio de Gonzáles de Olarte (2015), son mínimos, a juzgar por las Tablas Insumo-Producto. Siguiendo al autor, nuestro actual patrón de crecimiento, primario-exportador y de servicios (PESER), no necesitaría de niveles altos de consumo interno. Es un crecimiento fundamentalmente hacia afuera.

El segundo rasgo se vincula al anterior. Tiene que ver con la relación entre oferta y demanda en el mercado laboral o, dicho de otro modo, con la capacidad del capital de absorber la fuerza de trabajo disponible de nuestra economía. 

Ya decía Marx que la acumulación capitalista generaba su propia ley de población. Los trabajadores “faltan” o “sobran” en función de las necesidades de acumulación del capital. 

Pues bien, en el Perú tres cuartos de los trabajadores “sobramos”, somos "excedentes". La gran empresa capitalista (de más de 200 trabajadores) solo genera 2 de cada 10 empleos (16,8%, ENAHO 2015), aunque se apropia 1 de cada 3 soles (o más) de la economía peruana (Perú The Top 10,000 companies, 2014).  

Hay, pues, más disposición de fuerza de trabajo que capacidad capitalista de contratarla. En términos simples, esto significa que hay menos sillas que gente para sentarse en ellas y eso no va a cambiar si bajamos de peso o nos volvemos más rápidos para correr y sentarnos.

El 34,8% de los trabajadores es autoempleado, el 11% es trabajador familiar no remunerado, el 2,5% es trabajador del hogar (ENAHO 2015). Eso no va a cambiar tampoco si hay más y mejor educación, solamente. No es un asunto de empleabilidad. No es responsabilidad de los atributos del trabajador. 

Con el título bajo el brazo, uno puede engrosar las filas del subempleo profesional (40% el 2012). Podemos ser abogados o ingenieros y hacer taxi para vivir.

Y la situación, por supuesto, tampoco cambiará haciendo más baratos a los trabajadores. 

Eso solamente favorecerá al gran capital. 

Hoy por hoy, con 1,200 soles mensuales se puede conseguir profesionales titulados, con experiencia y que estén dispuestos a trabajar 12 horas diarias con contratos temporales abusivos. Y ni qué decir con el trabajo no calificado. 

Con los 25 soles diarios que recibían los trabajadores que murieron hacemos un total de 750 soles mensuales. Ese era el sueldo mínimo hace apenas tres años.

En síntesis,  nuestra estructura productiva heterogénea sostiene un patrón de crecimiento que profundiza la desigualdad y genera amplios polos de actividades y de mano de obra de tipo marginal. Siguiendo a Quijano, es como estar en los márgenes de la economía capitalista nacional, estar con un pie dentro y otro fuera, viviendo en la precariedad, con alta inestabilidad y dependiendo de los vaivenes de los centros capitalistas del país.

De hecho, ese “pie dentro” se da a través del mercado de servicios y de las relaciones de trabajo. El capitalista peruano puede pagar 850 soles mensuales porque el trabajador desayuna con tres soles en una esquina y se transporta con un sol y cincuenta céntimos en una combi. Además, el autoempleado, eventualmente, puede ser contratado y esa sola posibilidad tiene bajo amenaza de despido a los trabajadores asalariados.

Cuando veamos que 59 de cada 100 soles producidos en el Perú se va en excedente de explotación (utilidades empresariales, sobre todo), tengamos presente que hay una fuerte subvención de parte de los “emprendedores” que se autoexplotan con jornadas de más de 12 o 14 horas diarias. 

Nuestra élite empresarial es, pues, digámoslo con total claridad, profundamente parasitaria. El crecimiento reciente del PBI, de dimensiones históricas, los ha enriquecido a niveles embriagantes, mientras el ingreso real de los trabajadores se ha mantenido estancado (desde 1994 prácticamente no aumenta).

El carácter político del problema

Y a esta realidad estructural es necesario agregar un rasgo no económico. Un rasgo político de nuestra historia reciente. 

Me refiero al enorme poder que ha adquirido el sector empresarial. No el microempresario, que en verdad es clase trabajadora explotada de forma indirecta por el capital. Hablo del empresario grande, de esos 515 multimillonarios peruanos que Oxfam señala que tienen ingresos mensuales de 298,388 soles y que se agrupan en 42 grandes grupos económicos.

Son la oligarquía empresarial propietaria del Perú. Ellos, desde 1990, cuando Fujimori hizo una revolución institucional para acomodar el Estado a la medida de sus intereses (incluido el cambio constitucional, por supuesto), no han dejado de gobernar de facto. 

Imponen una dictadura con fachada de democracia. Como antaño la República Aristocrática, podemos llamar a nuestro tiempo, de forma igualmente contradictoria, la era de la Democracia Empresarial.

Ideológicamente, institucionalmente, con funcionarios de alto rango que provienen de sus filas en cargos clave del Estado y con dirección política gubernamental directa, definen nuestro destino y, desde luego, hacen rentables negocios en el proceso.

Ese gran poder ha llevado a que los rasgos estructurales del país se hagan más acentuados en la dependencia externa, la heterogeneidad estructural y la marginalidad urbana; es decir, en las causas de eso que convenientemente llaman “informalidad”.

Aquello no les molesta. Les conviene. Se resisten a todo cambio. Si el Estado quiere dar incentivos para canalizar la inversión hacia sectores como manufactura, dirán que eso es mercantilismo, estatismo.

Si el Estado quiere regular mejor el sector formal, fiscalizar las relaciones laborales y asegurar derechos a los trabajadores acabando con regímenes especiales de sobre-explotación como el textil o el de agro-exportación, dirán que eso los desincentiva a invertir, que se perjudicará el trabajador.

Si el Estado busca recaudar más tributación apoyándose en el impuesto a la renta de la gran empresa o controlando algunas actividades extractivas, donde se explotan recursos de la nación, dirán que eso es volver al nocivo velasquismo, que mejor es promover esquemas de obras por impuestos o de responsabilidad social corporativa, pues, así se desfinancie el Estado, es siempre mejor (por definición, por ley divina) apostar por el sector privado.

Siempre hay que apostar por ellos. El Perú entero debe trabajar en silencio y a sobretiempo para enriquecerlos. Parafraseando a Gonzáles Prada, solo ellos tienen derechos, el resto del Perú no tiene nada más que obligaciones.

La hipocresía gubernamental y la responsabilidad del fundamentalismo

Teniendo lo anterior presente, es no menos que hipócrita que el gobierno se sorprenda y se conduela con lo sucedido. Su política actual, propia del fundamentalismo neoliberal, ha seguido la línea de las políticas anteriores: la desregulación total y el debilitamiento de la fiscalización.

Hoy existe informalidad laboral en el sector formal y la regulación es tan poco exigente con la formalidad que ésta se ha “informalizado” (es como aprobar un curso con 05 en vez de con 11 y creer que así mejoró el desempeño académico).

El empleo digno en el Perú es uno de los más bajos. De acuerdo al MTPE, solo 29,5% de trabajadores tiene un empleo considerado de calidad. Y eso no es solo por efecto estructural, sino también, como vimos, por efecto político.

No es un hecho económico que la SUNAFIL, instancia encargada de fiscalizar las relaciones laborales, tenga solo 8 inspectores para todos los departamentos del interior, que recientemente haya perdido las fuentes de financiamiento que provenían de las multas que ponía (sin que eso sea compensado con mayor asignación presupuestal) ni que los inspectores estén en huelga porque ni a ellos se les reconocen sus derechos.

Tampoco es casual que la mayoría de huelgas sean declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo, que hoy no sea obligatorio que los empleadores entreguen copias de los contratos al ministerio (generalmente solo así el trabajador accede a una copia) ni que las multas por irregularidades laborales no sean acumulativas.

Incluso, como sabemos, ahora se prepara un paquete de reformas flexibilizadoras, incluida una nueva “Ley Pulpín”, donde el Estado apoyará al sector privado con el pago a Essalud si contrata trabajadores jóvenes. Esa es subvención pública, pero, para el fundamentalista, que el Estado haga eso aun encontrándose en déficit fiscal (2,6% el 2016), no es mercantilismo. Si el Perú financia la angurria empresarial, todo está bien. Todo está en orden.

¿Por qué no fortalecer la fiscalización laboral? ¿Por qué no realizar una reforma laboral que proteja al trabajador, que por fin nos dé una Ley General del Trabajo Digno? ¿Por qué no dar incentivos para la formalización de las Mypes que estén basados en el crédito, que promuevan la asociatividad y que vayan de la mano con capacitaciones a los trabajadores y empleadores? 

¿Por qué no, en resumen, ponerle fin a la orientación neoliberal de nuestra política económica que fortalece los rasgos estructurales causantes de la marginalidad, del empleo precario?

Lo que sucede es que no se quiere combatir la causa de la muerte de los obreros fallecidos en el incendio de Las Malvinas. Se los quiere seguir matando.

Hay quienes ganan con eso y quieren seguirlo haciendo.