En los últimos dos meses ha primado la sensación de que el gobierno de Kuczynski pende de un hilo, que su caída es inminente. De hecho, uno de los sentidos comunes de la opinión política, desde el inicio de la gestión, es que se trata de un gobierno débil. Sin embargo, el Presidente parece haber sorteado la crisis y la coyuntura inicial de inestabilidad se ha agotado o, como dicen algunos, ha entrado en un proceso de “reflujo”.  

Es cierto que se preparan dos mociones de vacancia y que acaba de culminar un fuerte paro de agricultores, que ha dejado dos muertes lamentables e innecesarias. Nada asegura, por tanto, que no haya nuevos picos de crisis. Pero el gobierno no parece estar propiamente arrinconado. El país sigue su vida con normalidad y queda la sensación de que la crisis de diciembre y enero fue sobre-estimada.

Es necesario, por ello, hacer un balance y extraer algunos aprendizajes, sobre todo desde quienes hemos enarbolado las consignas de “fuera PPK” y “que se vayan todos”, con la intención de que la coyuntura sea ocasión para iniciar transformaciones de fondo. ¿En qué ha consistido la crisis política? ¿Qué significaría una caída de Kuczynski? ¿Sería solo la caída de un gobierno o también la de un régimen? ¿Qué oportunidades se abren? A continuación, comparto algunos apuntes para el análisis.

¿En qué ha consistido la crisis?

La coyuntura de crisis política estuvo marcada por algunas características que limitaban, de forma intrínseca, la posibilidad de que diera lugar a cambios de fondo. Por supuesto, esos límites podían ser franqueados con inteligencia e iniciativa, pero no fueron comprendidos ni enfrentados adecuadamente por los grupos organizados con mayor presencia entre los sectores movilizados.

Dos cuestiones deben ser destacadas. En primer lugar, es necesario notar que la crisis política abierta en torno a la posible vacancia de Kuczynski, fue una crisis “en las alturas”; es decir, se dio entre actores políticos institucionales y, en particular, entre sectores de la derecha política.

En la disputa por cuotas de poder entre los grupos de derecha que controlan el Ejecutivo y el Legislativo, la posibilidad de la salida del Presidente fue un elemento más del juego conocido de arrinconamiento - negociación - nuevo equilibrio, entre oposición y oficialismo, juego que no pone en riesgo ninguna de las políticas centrales para el manejo del país (manejo empresarial que es defendido por todos los grupos de derecha, por supuesto).

Y en ese juego, hasta antes del indulto, hubo un general silencio social.

En segundo lugar, se pudo apreciar que ninguno de los elementos centrales de la crisis política tocó de forma directa los intereses populares mayoritarios. Esto quizá explica parte del silencio social. Ni el descubrimiento de que Odebrecht dio dinero a Kuczynski a través de su empresa unipersonal Westfield capital ni el indulto que se dio a Alberto Fujimori, producto de la negociación política con Kenji Fujimori para evitar la vacancia, alteraron el día a día de la gente.

Por supuesto, hay una serie de efectos materiales de la corrupción en la vida de los peruanos. La fuga de recursos públicos y el copamiento del Estado por intereses privados instauran una lógica de saqueo que afecta nuestros derechos sociales, nuestra soberanía, etc. Pero esa conclusión es producto de una construcción política del problema. No es algo inmediato, no es palpable. De forma específica, los elementos de la crisis política se desarrollaron en un plano moral.

Eso quedó claro en las movilizaciones. Muchos de quienes protestaron salieron por “indignación” y la mayoría lo hizo, además, recién cuando se dio el indulto al ex dictador. Se trataba, en su mayoría, de capas medias, limeños, convocados por el discurso anti-fujimorista. Fue la masa crítica del anti-fujimorismo. Los sectores populares mayoritarios ni fueron convocados (seamos sinceros, se hizo muy poco) ni se vieron impulsados a protestar, ni siquiera con sus propias agendas.

Esto es algo que merece un análisis más profundo y no es éste el lugar, pero debemos preguntarnos por las posibilidades de convocar acciones de protesta o -yendo más allá- de impulsar plataformas políticas de cambio, desde una construcción exclusivamente moral de los problemas. 

En un país donde la corrupción es rechazada por todos, pero, al mismo tiempo, es aceptada como algo estructural, que nunca podrá ser superado, es difícil que se inviertan esperanzas -y ni qué decir tiempo y recursos- en consignas que apelan a soluciones morales, de afirmación de instituciones, etc., que no cuestionen las condiciones concretas de vida de la población.

Quizá lo central de la crisis, entonces, ha sido una enorme pérdida de legitimidad del gobierno; pérdida que se da, por cierto, sobre una concepción del Estado y de la política donde éstos aparecen ya deslegitimados para la mayoría de la población. Eso no quiere decir que la mayoría del Perú quiere que caiga Kuczynski y se movilizará para lograrlo, pero sí es claro que muy poca gente estará dispuesta a defenderlo.

Ni siquiera saldrán a respaldarlo las capas medias liberales que lo apoyaron, ingenuamente, denunciando un “fujigolpe”, pero que ya se dieron cuenta de que no había “derecha buena” y que el Presidente nunca fue antifujimorista. La Presidencia, pues, es vulnerable y todavía hay pasividad popular.

¿Qué habrá caído si cae Kuczynski?

Preguntémonos qué posibilidades abre esta crisis de legitimidad, quién, o quiénes, pueden aprovecharla y en qué dirección podemos ir ante una caída del gobierno. ¿Podría significar un punto de quiebre frente a la pasmosa continuidad que vemos en el manejo político del país desde 1990 hasta la fecha?

Como sabemos bien, un gobierno no es lo mismo que un régimen. Un régimen implica un tipo de relación entre Estado y sociedad, una estructura de poder y un entramado de instituciones donde pueden desenvolverse más de un gobierno. Incluso, como en el caso peruano, podemos tener dictaduras y democracias que, antes que cambios de régimen, signifiquen su continuidad.

¿La caída del gobierno podría significar el fin del régimen actual, del régimen neoliberal? 

La estabilidad político-institucional neoliberal se ha sostenido en determinadas premisas, que es preciso revisar para saber si sus cimientos están corriendo serios riesgos. Mencionaré cinco, que me parecen fundamentales, sin afán de exhaustividad:

i) el copamiento empresarial del Estado, tanto en el contenido institucional como en la dirección técnica y política;

ii) la estabilidad y el crecimiento macro-económicos, apoyados, sobre todo, en el boom minero;

iii) el control de la opinión pública, a partir de la propiedad (concentrada) y el financiamiento de medios de comunicación de masas, así como la coordinación directa entre medios y elites empresariales y la desaparición casi total de voces críticas en el periodismo;

iv) la eficiencia de discursos ideológicos como el emprendedurismo (que logra que los trabajadores más excluidos, los autoempleados, sientan que tienen los mismos intereses que los grandes empresarios) y la apatía política (la política es sucia, el Estado no sirve para nada, etc., ideas que comulgan con el rechazo neoliberal del Estado y la negación de derechos sociales); y

v) La debilidad del tejido social popular y la anulación de casi toda oposición política consistente: nuestras organizaciones sociales son, en general, débiles, hay poca capacidad de agregación y articulación y, a nivel político, la izquierda no logra constituirse como una representación orgánica de los sectores populares.

Explicar con detalle el rol de cada punto en la estabilidad de la dominación neoliberal, sería largo, pero puede intuirse sin mucho esfuerzo. Preguntémonos, más bien, cuáles de estas premisas se encuentran en juego en el momento actual.

La crisis de legitimidad del gobierno, desde mi perspectiva, toca de forma directa, solamente, el punto cuatro: la eficiencia de los discursos ideológicos que sostienen a los que tienen el poder en el Perú.  

No es así porque los acontecimientos recientes vayan en contra del discurso del emprendedor ni de la apatía política, sino porque muestran algo que, si bien no es nuevo, se puede apreciar con extraordinaria claridad en estos últimos meses: el gran empresariado gobierna y pone a su servicio a la mayoría de fuerzas políticas.

Esto es clave. Hasta antes del escándalo de Lava Jato, la admiración al gran empresario y el rechazo a la política sucia y corrupta, podían ir en paralelo. De hecho, la perspectiva liberal, predominante en el antifujimorismo, colaboró en ello, mostrando su carácter, finalmente, conservador: “Una cosa es el empresariado responsable y democrático y otra los grupos políticos corruptos y autoritarios”. Hoy esa idea se cae por absurda.

Asimismo, en los últimos años, el descontento de la población se ha dirigido a los gobiernos de turno, a sus personalidades, sea castigándolos en las urnas o protestando contra ellos. Es extendida la visión del político que vive parasitariamente del Estado, haciendo grandes “faenones”. Pero la figura del gran empresario como enemigo no ha sido fácil de construir.

El caso Lava Jato muestra que esa degeneración de la política no es otra cosa que la expresión del manejo empresarial del Estado. Odebrecht, Camargo y Correa, Graña y Montero y otras grandes empresas nacionales y extranjeras, financiaban a todos los políticos con posibilidades electorales, lograban leyes, reglamentos, concesiones, cambios de adendas, etc., mediante coimas e influencias.

Ese gran empresario era igual de parasitario que el político corrupto. El segundo está, de hecho, al servicio del primero. Es inocultable. Los que gobiernan son justamente una amalgama político empresarial que hace negocios con el Estado a costa de todos. 

Es más fácil señalarlo ahora. La evidencia es tan contundente como los vladivideos del año 2000. Es más, todos los presidentes de los noventas a la fecha están vinculados a la corrupción. Hasta han caído algunos empresarios locales.

Por supuesto, tomar conciencia de lo que acabo de mencionar no es automático. Debe construirse políticamente. El punto es que ahora hay más elementos que antes para hacerlo. Es fácil denunciar la farsa política de ver a corruptos denunciando a otros de corruptos, de empresarios llamando a la estabilidad cuando ellos mismos son los responsables de la crisis política, de un gobierno llamando a la reconciliación cuando es la élite político-empresarial la que está en guerra contra los peruanos hace tres décadas.

Esa posibilidad cognitiva, que nos lleva a ver la misma realidad de una manera menos moral e institucional y más política, apuntando más al poder real, tiene como límite en su difusión y politización, sin embargo, las demás premisas enumeradas, que no han sido fuertemente alteradas todavía, pero que podrían comenzar a sufrir cambios.

Convertir las grietas en fracturas. No nos podemos seguir equivocando

Hay dos premisas que son clave y que podrían experimentar alteraciones que abren oportunidades.

La más importante de ellas es la cuestión económica. Los precios de los minerales se han recuperado un poco, casi de milagro, pero la mayoría de analistas económicos señala que nada asegura que sea algo permanente. La crisis política podría también tener efectos en los capitales más volátiles, que se mueven en función de señales de corto plazo, y en las proyecciones de inversión, que pueden disminuir.

Asimismo, la presión empresarial por aumentar su captación de excedente productivo mediante imposición de inversiones extractivas, recorte de derechos laborales, desregulación radical de mercados de su interés y beneficios tributarios, puede generar descontento y respuestas organizadas de la población, sea por afectación directa o por recorte de recursos fiscales para las regiones. El paro agrario es un ejemplo de algo que podría repetirse en otros sectores y una reforma laboral podría generar también respuestas organizadas.

La segunda premisa a considerar es nuestra fragmentación y nuestra debilidad organizativa. No hay aún un actor político o social que represente los intereses de los sectores afectados por el manejo político-empresarial neoliberal, que pueda aprovechar la crisis de legitimidad y tomar la iniciativa. No obstante, si bien construir ese actor no es algo que se logra de inmediato, las coyunturas críticas pueden acelerar el primer paso de ese proceso: la articulación de los sectores ya organizados, la tan ansiada unidad.

Lograr esa articulación y ganar iniciativa política requiere, a mi juicio, lo siguiente.

Debemos lograr posicionar, en primer término, una lectura política y económica de la corrupción, que muestre la evidente relación entre el gran empresariado y la derecha política. Si no logramos superar la mirada liberal e institucional de la crisis y, con ello, la estrecha y, en estos momentos, conservadora perspectiva anti-fujimorista, seguiremos siendo inofensivos. Estaremos lejos de las mayorías, peleando por abstracciones.

En segundo término, debemos articular a los sectores políticos y sociales en torno a una línea de crítica frontal al manejo parasitario del Estado y del país por parte de la clase dominante. Si no logramos constituirnos como un actor popular que rompa el equilibrio de las derechas y cambie los términos del juego, aprovechando la crisis de legitimidad del gobierno; entonces, difícilmente, la crisis política dará lugar a una crisis del régimen.

En síntesis, se abren grietas en el manejo del poder, se abren posibilidades, pero si esas grietas no las convertimos en fracturas reales, en puertas abiertas, tendremos un proceso de recambio entre los mismos, sea con una renuncia o una vacancia, o manteniendo en vilo a un gobierno fantasmal, que será funcional siempre que garantice la continuidad del manejo económico, como pasó con Humala.

Este no es el momento de jugar ni a la izquierda civilizada y ponderada, ni al radicalismo autoafirmativo y marginal. Es el momento de encontrar los puntos comunes de una plataforma nacional que nos constituya en un actor popular con capacidad de presión y representación. La convocatoria a un paro nacional, con protagonismo regional, es fundamental en ese proceso de agrupación de fuerzas.

Debemos exigir con contundencia la salida del gobierno, la convocatoria a nuevas elecciones generales y el inicio de un proceso popular constituyente, como horizonte de mediano plazo. La oportunidad para un cambio de fondo existe, pero debemos hacerla realidad con madurez y decisión.

Ese puñado de empresarios y políticos que se ha apropiado del Perú no va a caer solo porque caiga uno de sus peores presidentes. Ellos caerán solo si sabemos señalarlos con claridad y si los hacemos caer nosotros. No podemos seguirnos equivocando.