A raíz de la suspensión del proyecto minero Tía María, los voceros del sector empresarial han respondido de manera furibunda. No solo hemos visto a conocidos periodistas de derecha y a la misma CONFIEP criticar ácidamente al Gobierno, sino que tres congresistas oficialistas, incluida la vicepresidenta Araoz, han renunciado a la bancada PPK, y el fujimorismo, con Pedro Olaechea a la cabeza del Parlamento, ha exigido al Presidente que no tenga miedo de gobernar.  

¿Cómo interpretar estos ataques? ¿Estamos ante un presidente que se enfrenta a los poderosos?

Vizcarra, el muchacho provinciano que se enfrenta a los ricos

Hace unos días, Rocío Silva señalaba, sin ocultar su entusiasmo, que Vizcarra es el “muchacho provinciano” que se atrevió a enfrentarse a los dueños del Perú, que le dijo que no al extractivismo minero y que no fue el dócil y genuflexo presidente que fuera Humala en el pasado. Silva cierra su columna con una eufórica proclama, “¡que bajen los cerros!”, en alusión al acto democrático y popular que supondría el que un provinciano se enfrente a los poderosos.

En la misma línea, un grupo amplio de ONG, lideradas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha sacado un pronunciamiento en el que alertan sobre las tentativas autoritarias de la CONFIEP y del aprofujimorismo, que podrían estar preparando una vacancia presidencial. Llaman a la población a marchar en favor de las reformas planteadas por Vizcarra, exigen al Parlamento aprobar el adelanto de elecciones y le sugieren al Presiente la cuestión de confianza y el cierre del Congreso.

Desde estas miradas entusiastas de quienes constituyen el núcleo duro del antifujimorismo, Vizcarra aparece como personificación de la democracia popular. Es el héroe que pelea una batalla épica contra los corruptos y los ricos. ¿Es así? ¿Es Vizcarra el héroe al que el pueblo debe salir a respaldar?

Un relato eficiente: la confrontación con el Congreso

Como sabemos, uno de las artes de la política consiste en construir polarizaciones, en trazar la línea divisoria que defina quién es amigo y quién enemigo. En las campañas electorales esto se aprecia bastante bien. Alan García, el peor presidente de la historia, le ganó a Humala por señalar que el nacionalismo era un “salto al vacío”. Humala el 2011, aprovechó los pasivos del fujimorismo y se presentó como el candidato de la honestidad y la democracia.

Vizcarra ha sido especialmente hábil en definir los términos de la polarización. Ante un sistema político desprestigiado, donde los escándalos de corrupción cruzaban a los tres poderes del Estado y donde PPK, aquel “mal menor” que iba a evitar que Alberto Fujimori salga de la prisión, había liberado al dictador y renunciaba poco después, el vicepresidente Vizcarra decidió trasladar la crítica hacia el Congreso, confrontándolo abiertamente.

Trazó la línea. No hay poder del Estado más odiado que el Congreso, de modo que le fue fácil. Y en él hay una clara mayoría fujimorista. Apareció entonces como el Presidente que escucha al pueblo y se enfrenta a los corruptos. Cualquier crítica al Presidente sería “hacerle el juego a la corrupción”, sería poco menos que ser fujimorista encubierto.

Desde entonces, su popularidad ha estado sujeta al éxito de aquella confrontación. Ese ha sido el relato central que el gobierno, con el apoyo de los medios de comunicación, ha construido y alimentado de manera permanente. Repasemos.

El referéndum anunciado en julio del año pasado le dio material para hacer girar la agenda en torno a ese tema hasta noviembre. Luego de noviembre la popularidad bajó, pero subió con el escándalo de Chávarry, que quería dejar fuera del caso Lava Jato a los fiscales Vela y Pérez. Vizcarra llamó a la ciudadanía a exigir la salida del Fiscal y el tema Chávarry le dio titulares varias semanas. Cuando se agotó, vino la reforma política y la cuestión de confianza. Hoy el relato gira alrededor de la propuesta de adelanto de elecciones.

Vizcarra necesita confrontar y ser especialmente emotivo, histriónico. Hay que vender una historia. Por supuesto, su adversario colabora en alimentar la novela con sus respuestas agresivas, su desprestigio y su prontuario delictivo. Es el perfecto villano. Pero, ¿qué tal si vemos más allá de la noticia, del intercambio de declaraciones, y nos preguntamos por lo que hace realmente el Gobierno? ¿Hay proyectos de país muy distintos al fujimorismo? ¿Hay grandes discrepancias con los “dueños del país” agrupados en la CONFIEP?

¿De verdad son tan diferentes Vizcarra y el fujimorismo? ¿Vizcarra contra los ricos?

Comencemos con lo obvio: Vizcarra es el vicepresidente de Kuczynski y el gobierno de Vizcarra es la continuación de su gobierno. ¿Cuál es la visión, entonces, de este gobierno? ¿Es muy distinta a la del fujimorismo? La verdad es que las diferencias son mínimas. Por supuesto, discrepan en torno al enfoque de género y se atacan entre sí para diferenciarse y acumular políticamente, pero en las líneas centrales del manejo del país, coinciden en altísimo grado.

Precisamente comulgan en eso que hace que “los dueños del país” lo sigan siendo: ese edificio institucional para el manejo económico que Alberto Fujimori impuso en los noventa. Sí, el régimen neoliberal. Esto no es una abstracción. Los sectores que representa directamente este gobierno son las mismas grandes empresas que financiaban la campaña de Keiko y que compraban favores de casi todas las fuerzas políticas para asegurar sus intereses. Los escándalos de corrupción dan evidencia de sobra, incluso judicial, para mostrar a los dueños del circo: los grandes grupos empresariales. Pero claro, ellos no están en el relato antifujimorista.

¡Pero Vizcarra es diferente a Kuczynski! ¡Él no quería estar ahí! Atendamos esa réplica. Para comenzar, da lo mismo saber qué quería uno o el otro, eso lo sabrá el cura confesor de cada uno. Lo que debemos ver son las políticas concretas, los hechos, y los intereses que se realizan en ellas.

Por ejemplo, una medida que los grandes empresarios venían solicitando desde hace varios años era contar con una política nacional que impulse la competitividad y la productividad en el sentido de las reformas que el “genuflexo” Humala sacó adelante en la segunda mitad de su gobierno; es decir: medidas que aseguren facilidades a la inversión extractiva, que provean trabajo barato y que reduzcan la carga tributaria de las empresas grandes. ¿Recordamos la “Ley Pulpín”?

Bien, PPK entró con la misión de avanzar en esa dirección y Vizcarra ha seguido la misma línea. El resultado es más peligroso que el derogado régimen juvenil: se trata de una política nacional de la que saldrán decenas de leyes pulpín. Me refiero al DS-345-2018-EF. Ese decreto oficializa la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, una norma con vigencia hasta el año 2030, que es casi una copia fiel de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad presentadas en el CADE 2018.

¿Por qué no nos enteramos? Sencillo: el decreto salió el 31 de diciembre. En año nuevo y cuando la noticia era Chávarry. ¿Quién firmó el decreto? Martín Vizcarra y todos sus ministros. La PNCP requería un plan para seguir avanzando y el Plan también ha sido promulgado, mediante el DS-237-2019. ¿Cuándo? El 28 de julio de este año. Sí, ese día la noticia fue el anuncio de adelanto de elecciones.

El relato, como se aprecia, cumple su rol. Distrae, oculta lo que se quiere escondido. Esta política y su plan tienen detrás un listado de cambios que las grandes empresas ya tienen puestos en limpio y con los que el ministro de Economía públicamente ha coincidido: reducción de sueldo mínimo en el interior del país, recorte de vacaciones, recorte de CTS, facilitar despidos masivos, etc.

Y ni qué decir de otras medidas en las que el oficialismo y el fujimorismo han estado de acuerdo en el Congreso, como el impulso de la Ley de hidrocarburos. ¿Un gobierno que se enfrena a los ricos? ¿Un héroe popular? Un Kuczynski muchacho y provinciano, a lo mucho.

La humalización de Vizcarra y el nuevo oficialismo

Salta otra réplica: ¡Pero Vizcarra se enfrentó a los empresarios mineros al suspender Tía María!

Digamos algo brevemente. Primero, el gobierno le dio licencia de construcción al proyecto y pretendió dialogar con militares enviados al puerto de Matarani, de forma intimidatoria. Reprimió varias manifestaciones en Valle del Tambo. Incluso quedó desfigurada una campesina, por una lacrimógena que impacto en su rostro. No parecía, pues, estar tan en contra, ¿no?

¿Pudo haber sido más represivo? ¿Hay que felicitar que se evitaron muertes? Sí, efectivamente. ¿Pero es posible atribuir esa marcha atrás sin el paro arequipeño y el respaldo que la lucha contra Tía María comenzaba a tener en el sur? Si Vizcarra suspende es porque no quería sacrificar su frágil popularidad; y ojo que suspende, no cancela el proyecto.

¿Eso lo hace antiminero? ¿Ha impulsado, acaso, un ordenamiento territorial que determine dónde sí y dónde no hacer minería? ¿Ha cancelado definitivamente el proyecto Conga en Cajamarca y las concesiones que tienen hipotecada la mayoría del territorio de Puno? ¿Ha expulsado a empresas abusivas como Southern, Yanacocha o Shougang? En absoluto, nada. Es un retroceso táctico, solamente; producto de la resistencia tenaz de Arequipa.

Por supuesto, a los empresarios no les gustó nada. Le reclaman con sorpresa. Su operador de pronto fue ineficiente. Le llaman la atención, lo reprenden. Entonces aquí es donde Vizcarra se comienza a parecer al Humala del final de su gobierno: ambos sin partido de respaldo, políticamente frágiles, sin rumbo claro, contando los días para que el gobierno termine, ceder a quien presione más. Y todo esto en un contexto de desaceleración económica, donde la presión empresarial es mayor pues quieren que remonten el PBI y sus ganancias cuanto antes.

La presión del sector empresarial es una presión por radicalidad. Quieren que avance más rápido, que pise el acelerador. Pero si Vizcarra lo hace, su popularidad se evapora. Lo que le queda al gobierno es mantener vivo el relato de la anticorrupción y explicarles a los empresarios que está con ellos, solo que no puede correr, pero que lo está haciendo.

De hecho, Vizcarra les ha permitido seguir adelante con sus intenciones al darle un respiro al sistema político. Es su condición de éxito. Sin embargo, los empresarios son como el escorpión frente a la rana en esa vieja fábula. Su naturaleza es buscar más lucro y saben que tienen el poder para exigirlo, así eso los lleve a hundirse en un escenario de mayor confrontación que Vizcarra no pueda manejar.

Del otro lado, la señal de debilidad es vista como una oportunidad para las organizaciones populares, pues ante la presión el gobierno puede negociar e incluso ceder. No extraña que se estén multiplicando las medidas de protesta contra proyectos mineros, incluido Quellaveco, otro de los megaproyectos que prometen repuntes del PBI.

Lo curioso de todo esto es que, a pesar de que la confrontación es cada vez más clara en torno a las tentativas de hacer más duro el saqueo del país y la explotación, de un lado, y la población trabajadora que resiste, del otro; los sectores liberales de izquierda y el grupo de ONG que son el núcleo duro del antifujimorismo, están jugando el rol del oficialismo organizado que el gobierno no tiene.

¿Serán capaces de seguir canalizando el malestar popular en favor de Vizcarra y de “sus reformas democráticas”? Lo dudo mucho. Cada vez es más claro el rol que cumplen y su credibilidad disminuye.